Reseñamos esta nueva publicación sobre los derechos de las mujeres realizada por la FAO y AECID
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han publicado conjuntamente el informe La protección de los derechos de las mujeres rurales en América Latina. Estado actual de la legislación y políticas existentes en el contexto de post pandemia COVID-19.
Este estudio identifica el estado actual de la legislación, las políticas y la institucionalidad que existe para la garantía específica de los derechos de las mujeres rurales en 11 países de América Latina que cuentan con Frentes Parlamentarios contra el Hambre: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Honduras y Nicaragua.
En la primera parte del informe, se analiza la situación de las mujeres rurales en América Latina y se presenta el marco normativo internacional vinculado al reconocimiento de sus derechos.
En la segunda parte, se exponen los avances en la protección de los derechos de las mujeres rurales en los 11 países estudiados. Se analizan las leyes y planes específicos adoptados para proteger y promover sus derechos.
Por último se presenta la legislación y las políticas existentes para proteger y hacer efectivos los derechos de las mujeres rurales en temas de recursos y servicios productivos y a la participación. Para terminar, el documento aborda los programas creados en el contexto de la pandemia COVID-19 y su relación con las mujeres rurales.
Todavía hay pocas medidas para lograr que las mujeres accedan a los recursos productivos
El marco normativo específico para garantizar la protección de los derechos de las mujeres rurales ha tenido un avance progresivo en la Región aunque aún se encuentra en construcción.
La Región cuenta con diversas medidas establecidas para promover la organización y participación de las mujeres rurales y con avances significativos en materia de creación de mecanismos institucionales para la promoción de los derechos.
Aunque hay escasas medidas de asignación de recursos financieros destinados a aumentar la propiedad y el control de las tierras por parte de las mujeres. Solo en tres países se identifican normativas que aseguran su participación en las instituciones de ordenación y administración de tierras.
Con relación a las políticas para promover la seguridad económica de las mujeres, el mayor número de medidas corresponden al área de protección social, sobre todo, a transferencias monetarias y en especies. Hay una menor cantidad de medidas orientadas a la protección del empleo y el acceso a recursos productivos y de comercialización por parte de las mujeres. Se han identificado algunos programas que apoyan la autonomía económica de las mujeres rurales. Pero es necesario consolidar y aumentar dichos programas, ya que se trata de medidas estratégicas en términos de recuperación con igualdad que permiten abordar la violencia de género.
La equidad de género puede incremenar la producción nacional
El informe señala que la promoción de la equidad de género en la estructura de tenencia de tierras y en la producción agropecuaria posibilitará mejorar e incrementar la producción nacional, reconociendo el papel de las mujeres.
Es preciso recordar que el desarrollo económico en la agricultura es fundamental para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. La priorización de políticas para fortalecer las unidades productivas a pequeña escala, en las que participan mujeres, puede aumentar la producción de alimentos, crear empleos después de la crisis o permitir la recuperación de las comunidades rurales.
El desarrollo inclusivo y sostenible debe garantizar los derechos de las mujeres rurales, poniendo en relieve su papel como agentes claves y reconociendo el valor económico de su trabajo remunerado y no remunerado. Ante la discriminación histórica y estructural que sufren las mujeres rurales, el logro de la igualdad es urgente.
Es necesario redefinir el modelo de desarrollo hacia uno firmemente sustentado en los derechos humanos, la sosteni-bilidad ambiental, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres .
Las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia. En el informe se señala que la protección de los derechos económicos, en especial, el aumento de las oportunidades de acceso a los recursos productivos, así como su participación en las instancias de diálogo, acuerdo y definición de políticas, deberían ser centrales en la recuperación post-pandemia.